ceronegativo

Es ya casi una frase hecha decir que la democracia no entra en las empresas. Que de puertas para adentro, y más en empresas pequeñas o medianas, los derechos recogidos en la carta magna española de 1979 son bonita retórica, pero sólo eso: retórica.

Bueno, claro. Se dirá, no sin razón que en general la constitución es bonita retórica. Pero resulta que no es así. Las partes que convienen a los ricos y a los poderosos bien que se han desarrollado en estrictas leyes y detalladísimos reglamentos; y bien gordas son las porras y bien atentos están los que tienen que velar por su cumplimiento.

En el otro lado, los derechos de los que más necesitan los derechos (vivienda, trabajo, información, democracia, pluralismo, control obrero de las fábricas, cultura...) nunca han salido de las páginas de la constitución si lo han hecho es a pancartas de manifestaciones, o leyes que nadie vigila o de las que la excepción es la norma.

Los trabajadores estamos tristemente acostumbrados a que se pisoteen nuestros derechos, los abstractos, pero también las leyes concretas que en teoría obligan a su cumplimiento.

A lo que estamos menos acostumbrados es a que esto ocurra cuando el «patrón» es el Estado, o cualquier parte del Estado, desde el ayuntamiento de Hernani a la Región de Murcia.

El último caso, por ahora, lo tenemos en la comarca del Henares, en Fuente el Saz de Jarama, municipio con línea directa de autobús hasta los juzgados de Plaza Castilla (dársena 28 de intercambiador).

Pese a los informes desfavorables del Ministerio de Trabajo, que entiende que esta medida de excepción solo debe aplicarse a las empresas y no a las Administraciones públicas, el Gobierno regional ha tenido en cuenta la «gravísima» situación económica del municipio, que arrastra una deuda de nueve millones de euros y ha autorizado el Expediente de Regulación de Empleo.

Esperanza Aguirre no ha tenido en cuenta la opinión del Servicio Público de Empleo Estatal, que recuerda que los trabajadores afectados por el ERE carecerán de «situación legal de desempleo» y que la solicitud  del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama «debería ser desestimada».

El 95% de las personas afectadas se encuentran en los grupos más bajos de la administración, a ellos no hay ley que les proteja.

Si el consistorio hubiera decidido atentar contra la propiedad privada de los medios de producción, por ejemplo, para salir de su calamitosa situación financiera el alcalde y todos los concejales estarían en prisión y habrían tirado la llave, de eso no hay duda.

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